El día 01 de noviembre, día sagrado para conectarse con los ancestros que han partido a otra dimensión de la Vida, El Estado de Guatemala, a través del “rostro oscuro” del Ministerio Publico, celebra este día desalojando familias que históricamente poseen derechos de tenencia y propiedad ancestral de su tierra.

Ese día, el auxiliar fiscal del ministerio Publico, Distrito de Alta Verapaz, Mynor Caal, dirigió el desalojo de 25 familias en su mayoría; de la tercera edad y viudas de la comunidad la Cumbre Sakuxha, del municipio de Tactic, departamento de Alta Verapaz.

Uno de los roles que desempeño la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDHE), representado por el señor Henry Herrera fue intimidar a los Defensores de Derechos Humanos de organizaciones sociales que se presentaron en la comunidad para vigilar que se respetaran los Derechos Humanos de los desalojados, tomandoles fotos.

Las viviendas fueron destruidas por personas particulares, contratadas por el supuesto dueño de la tierra; Raul Morales Cahuec.

Un breve historial de la tenencia y propiedad ancestral de esta tierra, el Archivo General de Centro América, registra que el año 1903, el presbítero (sacerdote de la parroquia de Tactic), Ángel Rivera, se apropió de esta tierra. Este fue el inicio del sometimiento, la opresión, la esclavitud y explotación como mozos colonos, por este cura. El sometimiento, continuó con el hijo del cura: Miguel Ángel Morales, quien llevó a cabo desalojos de varias familias de la comunidad Nebachaj, durante la década de 1990.

El 1 de noviembre/2017, dos de los nietos de aquel sacerdote Ángel Rivera: Raul Morales Cahuec y Oscar Morales (por cierto docente del CUNOR), procedieron a dirigir la destrucción de las viviendas de los originarios de esta tierra.

Durante el desalojo, las mujeres sufrieron abusos por parte de la Policía Nacional Civil, y el señor Raúl Morales agredió físicamente a niños de la comunidad.

En este momento, las niñas, niños, mujeres y ancianos han quedado sufriendo las inclemencias del clima, sin que las instituciones competentes del Estado, cuenten con un plan para albergar a los desalojados, garantizando el derecho a la Vida, la vivienda y la alimentación.

OPINION Y DENUNCIA - Maycki Caal 

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